Pues parece que aspiran a tener más. No los quieren porque sí (esos presos evidencian el carácter fascista del régimen), sino porque están cagados de miedo. Sánchez Gordillo puede enfrentarse a una pena de hasta 5 años de cárcel.
Diario de Sevilla (extractos).- El diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo puede enfrentarse a una pena de entre dos y cinco años de cárcel si prospera la pretensión de la Fiscalía de Sevilla para se le encause como posible inductor o cooperador necesario del asalto al supermercado de Écija, ya que podría solicitársele la misma condena que a los autores materiales del delito.
El caso está a la espera de que el juzgado de Primera e Instancia de esta localidad resuelva sobre la petición de la Fiscalía para que se inhiba de esta investigación y se remitan las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dada la condición de aforado de Sánchez (al respecto el dirigente del SAT ha dicho que se pasa por la entrepierna el aforamiento burgués, N. de E.)
Junto a la petición de encausar al diputado de IU ante el TSJA, la Fiscalía no descarta la adopción de nuevas medidas si continúan los asaltos a establecimientos comerciales. De hecho, representantes de las Fiscalías Superiores de Andalucía y Extremadura han venido celebrando reuniones en los últimos días para tomar medidas frente a estas acciones de saqueo en supermercados, el último de los cuales tuvo precisamente lugar ayer en Mérida (Badajoz). Esta "expropiación alimentaria", en la que participó el diputado de IU en la región Víctor Casco, finalizó sin que los participantes lograran sacar ningún carro cargado de alimentos. Entre las medidas que el Ministerio Público está estudiando se encuentran la posibilidad de solicitar una orden de alejamiento de los centros comerciales.
Pero bueno, si los alejan de donde está la comida, ¿cómo se alimentarán?. ¿Estarán inventando la pena de muerte por inanición?. La originalidad represora de esta España de pandereta es increíble.
1 comentario:
Un hombre y una mujer han sido puestos bajo custodia por el tribunal de Attunda, en el distrito de Sollentuna, en Suecia, bajo la acusación de haber sometido a su hija a una mutilación genital femenina (MGF). Las feministas suecas han declinado pronunciarse sobre este salvaje acto.
La pareja, ambos de 30 años, son sospechosos de haber permitido que su hija de 3 años sufriera la mutilación genital entre enero y abril de 2012, en Suecia o Gambia.
La mutilación genital femenina es ilegal en Suecia desde 1982. Desde el año 1999 es un delito penado con cárcel. Incluso si el procedimiento se realiza fuera del país puede conllevar una pena de hasta cuatro años de prisión en Suecia.
Si los resultados de la mutilación puede poner a la niña en amenaza de muerte o una enfermedad grave, la pena se amplía hasta los 10 años de prisión.
En Suecia se ha contabilizado hasta 46 casos en solo un año, según un informe de la Universidad de Uppsala, publicado en 2011.
La mutilación femenina se suele hacer sin levantar sospechas, de ahí que muchos casos sean difíciles de detectar.
Sólo dos personas han sido condenadas por la MGF y en ambos casos las niñas sometidas a la mutilación genital fueron las encargadas de denunciar los hechos.
En 2006 se condenó a dos años de cárcel a un hombre de 41 años de edad por la mutilación genital de su hija. En el mismo año, una mujer de 41 años de edad fue condenada a dos años de prisión por violación y mutilación genital de su hija. Durante el juicio, la joven contó cómo su madre y otras dos mujeres la sujetaron mientras cortaban partes de sus genitales.
El caso salió a la luz gracias a que la niña le contó su caso a un consejero escolar cinco años más tarde de la mutilación que había sufrido
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