martes, 26 de febrero de 2013

Y que la Cospedal y el Rajoy sigan sin declarar ante un juez...

Mientras la Dolores dice, de una manera indescriptible e indescifrable, qué significa eso de la "indemnización simulada" el Mariano sigue sin decir ni mú ni Bárcenas. Gran parte de las donaciones registradas en la supuesta contabilidad B de Luis Bárcenas se solapan en el tiempo con lucrativos contratos públicos decididos por administraciones gobernadas por el Partido Popular.
 
Eldiario.es.- El 25 de mayo de 2003, durante el Gobierno de Aznar, Luis Bárcenas apuntó en sus papeles un supuesto donativo de 18.000 euros a nombre de Juan Manuel Fernández Rubio, vicepresidente de la constructora Adelsa. Al día siguiente, Adelsa recibió una adjudicación de 1,3 millones de euros firmada por el Ministerio de Medio Ambiente.

El 15 de octubre de 2004, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a OHL la construcción de una nueva salida a la M-30. Fueron 25 millones de euros. Cuatro días después, el 19 de octubre, aparece en los papeles de Bárcenas el nombre del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con un donativo de 100.000 euros.

El 17 de noviembre de 2003, el nombre de José Luis Sánchez aparece como donante de 100.000 euros al PP, según los papeles de Bárcenas. Sánchez es el presidente de la constructora Sando. Tres días después, su empresa logró un tramo de la A-42 por valor de 691.685 euros.

Son solo tres ejemplos, pero los hay por decenas: gran parte de los donativos que supuestamente recibió el PP –según aparecen en los papeles atribuidos a Luis Bárcenas por el diario El País– coinciden en las fechas de forma casi milimétrica con adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el Partido Popular.

La redacción de eldiario.es ha cruzado las fechas de los supuestos pagos al PP con la información relativa a los contratos públicos que recibieron las empresas citadas en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. Los gráficos que acompañan este informe utilizan como fuente esos papeles, publicados por El País, y los distintos boletines de la administración donde se recogen las adjudicaciones públicas.

Según la ley electoral, ninguna empresa que contrate con la Administración puede realizar donación alguna a un partido político. De demostrarse la veracidad de los apuntes contables atribuidos al extesorero popular, el partido de Rajoy y las empresas que figuran en el listado habrían incurrido en un fraude de ley.

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